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Zacatecas.- A dos años de que habitantes de la comunidad de Salaverna, Mazapil, hayan iniciado las mesas de negociación con la empresa Tayahua-Frisco, denunciaron que la minera continúa con acciones de intimidación para que se reubiquen en el terreno denominado Nuevo Salaverna, aún cuando no se tienen las condiciones óptimas.


En compañía del diputado local del Partido Verde, Gustavo Muñoz Mena, una representación de habitantes reprocharon que no se les atiende por parte de las autoridades gubernamentales; y pidieron al gobernador Miguel Alonso Reyes que sirva como mediador entre la empresa y los ejidatarios.


“Una reubicación tiene muchos detalles, simplemente tenemos una placita, tenemos una iglesia, una clínica, áreas verdes y no se ha tomado en cuenta nada de eso; simplemente la empresa dice que nomás con la pura casa y con eso es suficiente”, dijo el habitante Francisco Javier Cordero, en conferencia de prensa en el Congreso del Estado.


Además, recordaron que hace dos años, tras una manifestación realizada en Plaza de Armas, mandaron un oficio al gobierno del estado, para que la empresa enviara un certificado de que era la dueña y no les contestaron; señalaron que Tayahua insiste en que es propietaria de las tierras, más no les da pruebas de ello.


También lamentaron que al alcalde de Mazapil, Mario Macías Zúñiga, no le interesa el tema. Exigen que les proporcionen una casa más digna y amplia, además de que les den una indemnización, pues aunque no tienen papeles que acrediten la propiedad, sus familias ocupan los terrenos desde hace más de cien años.


El habitante de Salaverna expuso que hace dos años platicaron con el gerente Edmundo de la Vega y se llegó a un acuerdo de construir las casas y lo que había en la comunidad, bajo el argumento de que era por seguridad, más nunca se firmó ningún papel.


“Al empresario Carlos Slim no le interesa la situación de la gente de la comunidad”, agregó el inconforme, quien señaló que sólo quedan en Salaverna 65 de los 100 habitantes, mientras que en algunos casos incluso los presionan con quitarles el trabajo en la mina.


“En el transcurso de dos años nos dimos cuenta de que en el terreno se encuentra un yacimiento de plata, oro y cobre; y es por eso que la minera ya se le llegó el tiempo y nos quiere sacar así”, dijo el inconforme.


Por su parte, el diputado Muñoz Mena, quien los recibió en el Congreso, se comprometió a subir en tribuna, durante la próxima sesión, un exhorto al gobierno para que forme una comisión revisora y se busquen las mejores salidas al conflicto.


“Hablaba también con el delegado de Semarnat (Yehude López Reyna) y mencionaba que no se puede dar ningún permiso de impacto ambiental cuando no se presenta un documento de propiedad, aunque la empresa tiene una concesión por parte del gobierno federal, para hacer la exploración y explotación de los terrenos”, comentó.


Añadió que de acuerdo con información de la Procuraduría Agraria (PA), este predio de mil 200 hectáreas fue considerado como terreno nacional desde el 21 de marzo, por lo que apenas se realizan las mediciones para adjudicarlo a alguno de los grupos.

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