JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA

Cuando el pasado 6 de agosto sobrevino el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, iniciaba una de las vencidas más fuertes del presidente Enrique Peña Nieto con el dueño de una de las dos fuerzas económicas más poderosas del país, Germán Larrea, de Grupo México.

La primera reacción de la firma propietaria de la mina Buenavista del Cobre, que provocó el derrame y representa la mitad de la producción total de ese metal, fue culpar a las lluvias, lo que los especialistas de Semarnat, Profepa y Conagua desmintieron al documentar que en esos días no había registros.

Ante las pruebas que apuntaban claramente a su mina como causante de lo que se ha considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería, las multas y las denuncias penales ante la PGR, Larrea pidió ver al Presidente a través de un integrante del gabinete ampliado y la respuesta fue que no lo recibiría, que su ventanilla única era la Semarnat. Ninguna otra.

Así, fue a la oficina de Juan José Guerra Abud. Larrea dijo que estaba dispuesto a dar una aportación de 300 millones de pesos que manejaría su empresa. Y sin más, se retiró del despacho del titular de la Semarnat. Nos veremos en los tribunales, había advertido.

Para ese momento el gobierno federal ya había tomado la decisión de formar un fideicomiso con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos que tendría que poner Grupo México, que fue informado y rechazó.

Es más, Larrea llegó a comentar a los suyos que el gobierno federal le había pedido 200 millones de dólares para la campaña política del PRI en Sonora y que con eso le resolverían el problema sin más.

Esta versión llegó Los Pinos, donde causó más que malestar. Los estaban acusando de chantajistas y ladrones.

Fue cuando se dio una reunión del Presidente de la República con varios secretarios de su gabinete y se habló de los escenarios de la cancelación de la concesión.

(Mañana la segunda parte).