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Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Los 33 indígenas municipio de Ayotitlán, Jalisco, que fueron aprehendidos el pasado 22 de julio mientras exigían el cumplimiento de una suspensión federal en sus tierras ocupadas por la empresa minera Peña Colorada, recuperaron su libertad luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima desistió de la denuncia en su contra.

En tanto, el abogado, presunto defensor de los indígenas, que también fue detenido, se le dictó el auto de formal prisión sin derechos a fianza.

Todos estaban acusados de los delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones graves, delitos, que aseguran las organizaciones, son fabricados.

Sin embargo, desde la noche de ayer, los 33 indígenas nahuas comenzaron a ser liberados luego de cubrir una fianza, de la cual el monto no ha sido especificado.

En cuando al litigante se informó que continuará preso acusado del delito de privación ilegal de la libertad.

Ayer por la tarde, diversas organizaciones civiles denunciaron que lo sucedidos el pasado 22 de julio “fue un caso de detención arbitraria de defensores de sus derechos y de violencia y daños a la integridad física de toda la comunidad. Los daños a la integridad física han sido constatados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien visitó a los detenidos y se cercioró de las heridas que presentaban”.

Esta comunidad es un referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su usufructo sustentable. Las organizaciones detallaron que fue una de las comunidades que apoyó la declaratoria de área natural protegida en sus tierras.

Pidieron también el cumplimiento de la recomendación 122/95 emitida por la CNDH, respecto al conflicto de limites y cumplimiento total de la resolución presidencial del poblado.

La comunidad ha mantenido por varios años con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V., propiedad de Ternium México, diversas diferencias.

En el año 2013, la comunidad interpuso un amparo, identificado bajo el expediente 462/2013, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco, buscando el respeto de sus derechos de propiedad, posesión y disfrute de las 50 mil hectáreas que conforman su territorio. Este Juez otorgó una suspensión de plano que suspende los efectos de las concesiones mineras de la empresa Peña Colorada y permite a la comunidad el libre acceso a las mil 200 hectáreas, en las que existe un diferendo con la empresa.

Original Article: http://www.sinembargo.mx/31-07-2015/1435009

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